La acción, iniciada el pasado martes, se lleva a cabo en las ciudades de Quito y Guayaquil y reúne no solo a docentes, sino también a representantes de organizaciones sociales, juveniles y de colectivos de mujeres, además de padres de familia.
Willans Basantes presidente de la Federación de Barrios de Quito aseguró a Prensa Latina que acompaña a los huelguistas en representación de los pobladores y padres de la capital.
«Estamos aquí para exigir a la Corte Constitucional que se ratifique en los textos aprobados por la Asamblea Nacional y también para pedir el presupuesto para la educación porque queremos una enseñanza de calidad para nuestros hijos», explicó.
Al respecto, añadió que las demandas incluyen la equiparación salarial para los docentes y la eliminación de la violencia en las aulas.
«La mayoría de los profesores están en los barrios, junto a nuestros hijos, ellos merecen mejores condiciones», recalcó.
Quienes se unieron a la huelga de hambre esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el veto total del presidente de la república, Guillermo Lasso, a la LOEI.
El pasado 13 de abril, Día del Maestro de Ecuador, el mandatario alertó que censuraría la normativa, por considerarla inconstitucional.
La regulación comprende, entre otros beneficios para los docentes, un aumento salarial, con recursos a partir de los ingresos adicionales producto del alza del precio del petróleo y con los fondos de la reciente reforma tributaria.
Sin embargo, el gobierno insiste en que no cuenta con el capital necesario para efectuar ese pago.
El reclamo de los maestros se basa en que el resto de los funcionarios del sistema público ha recibido compensaciones en sus pagos en años recientes, excepto ese gremio.
Manifestaciones, marchas, cartas, son algunos de los mecanismos utilizados por la UNE para intentar respuestas favorables a los pedidos al ejecutivo.
Según aclaran los huelguistas, la acción actual responde a que el gobierno se hace el de los oídos sordos y no acata la Ley aprobada en el Parlamento, tras una validación de la Corte.
Para llegar a la aprobación de las reformas a la LOEI, en agosto pasado la Unión desarrolló una huelga de hambre en la que participaron 89 docentes y que duró 32 días.
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