La medida fue iniciada el pasado 3 de mayo en Quito y Guayaquil y reunió a 55 personas, mayormente profesores, además de líderes de organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres, así como padres de alumnos.
La acción en esta capital se llevó a cabo ante la Corte Constitucional, en espera del pronunciamiento de esa instancia, sobre el veto presidencial total a las modificaciones, avaladas por mayoría en la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
El fin de la huelga lo anunció la presidenta nacional de la UNE, Isabel Vargas, quien estuvo entre los directivos de grupos sumados a la protesta.
«Esta es una victoria del pueblo ecuatoriano. Aquí ha ganado la educación pública y finalmente la Corte le dio la razón al magisterio, a la UNE», aseguró.
AL respecto, advirtió que los docentes públicos mantendrán la lucha junto al pueblo, por mejores condiciones de vida, en contra de las medidas neoliberales aplicadas por el ejecutivo y de la privatización del patrimonio de todos los ecuatorianos.
En ese contexto, denunció que el gobierno actual quiere externalizar los servicios de la salud pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y probablemente siga mañana con las hidroeléctricas, las petroleras, lo cual no permitirá la población.
Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, aseguró que «la juventud ha estado presente y hemos demostrado desde este carpa de la dignidad que ningún derecho ha sido regalado.
Ningún derecho ha sido concedido en mesas de negociaciones o vendiendo al movimiento estudiantil. ni entregado por dádiva de grupos económicos o gobiernos de turno».
En nombre de las organizaciones, Nelson Erazo, directivo del Frente Unitario de Trabajadores, sentenció: «nuestros compañeros le dieron una victoria al pueblo ecuatoriano y pusieron en riesgo su salud para defender los derechos del magisterio.
Es evidente que hoy el magisterio nacional nos dio una nueva lección a los trabajadores, la juventud, las mujeres y al pueblo».
Con el fallo de la Corte, el texto de reformas a la LOEI vuelve a la Asamblea Nacional, que deberá realizar las acciones pertinentes para su promulgación.
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