Pero también la reforma de la ley orgánica del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y un rifirrafe –esperado-, de cuestionamientos a la postura del jefe del Ejecutivo en relación con los móviles “pinchados”, incluyendo el suyo propio y del jefe de la Comunidad Autónoma de Catalunya, Pere Aragonés.
Sánchez respondió así ante el pleno del Congreso respecto al espionaje político mediante el sistema Pegasus, y justificó las medidas expuestas como impostergables, para dejar atrás una ley sobre información clasificada que databa de 1968.
Indicó que protegerá de esta forma a la ciudadanía, con el reforzamiento de las garantías de control y seguridad con el máximo respeto a los derechos individuales y sociales de las personas.
«Vamos a continuar trabajando para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro», sentenció.
A la vez subrayó la voluntad de alinear la directiva de inteligencia al marco de la estrategia de seguridad nacional de 2021 con el objetivo de aumentar las capacidades de los servicios y reforzar la cooperación entre el Centro Criptológico Nacional.
Sánchez, de todas formas, fue objeto de cuestionamientos tanto por el opositor Partido Popular (PP), conservador, y algunos de sus socios de coalición de Gobierno, como el portavoz de Esquerra Republicana Catalunya (ERC), Gabriel Rufián.
Rufián criticó que desde el Ejecutivo se haya espiado a 18 personas que coinciden en su ideología independentista sin haber cometido ningún delito.
Paz Esteban fue la primera cabeza en rodar por el escándalo de las escuchas con el programa Pegasus a Sánchez, y sus ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Esteban fue sustituida como secretaria de Estado y directora del Centro Nacional de Inteligencia, por Esperanza Casteleiro, quien hará una comparecencia en el Congreso una vez por año, según anticipó el gobernante.
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