La confiscación incluyó también miles de millones de grivnas (moneda ucraniana) de los propietarios rusos de la compañía, indicó el comunicado.
Según ese organismo, existen sospechas de que Tatneft financió acciones para cambiar y derrocar de manera violenta el orden constitucional y tomar el poder estatal, cometidas por un grupo de personas.
El pasado 12 de mayo, la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó el decreto del presidente Vladimir Zelensky que permite la incautación forzosa de propiedades rusas en el país.
Un día antes, el jefe de Estado presentó ante el legislativo el decreto sobre la decisión aprobada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de decomisar propiedades de Rusia y sus residentes en esta nación.
Según la nota explicativa del proyecto de ley, los medios expropiados a la nación vecina deben utilizarse “para proteger la soberanía estatal, la integridad territorial y la independencia de Ucrania”, en el contexto del enfrentamiento militar que tiene lugar en el país.
El parlamento ucraniano aprobó a inicios de marzo la ley “Sobre los principios básicos de la incautación forzosa de bienes sujetos al derecho de propiedad de la Federación de Rusia y sus residentes en Ucrania”.
La legislación establece que los bienes pueden ser nacionalizados por razones de necesidad pública sin ninguna compensación, decisión que debe tomar el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y aprueba el presidente ucraniano.
A principios de abril, el país refrendó otro texto constitucional, según el cual la expropiación podrá afectar tanto a los ciudadanos rusos como a otras personas que tengan vínculos estrechos con la nación euroasiática.
Un vínculo puede definirse como el hecho de que una persona resida o realice actividades principales en Rusia, advirtió el documento.
El pasado 10 de mayo, el Gobierno ucraniano aprobó que todos los activos rusos en este país pasaran a ser propiedad del Estado y serán gestionados por la empresa Fondo Nacional de Inversiones.
Sobre tales medidas, la portavoz de la Cancillería de Moscú, María Zajárova, expresó que su Gobierno responderá de manera adecuada en caso de que otros países confisquen sus activos o los de sus ciudadanos.
“Cualquier uso de los fondos tanto del Estado ruso como de sus ciudadanos sin el consentimiento de los dueños legítimos, como ustedes entienden, será interpretado por nosotros como un ataque ilegal y desafiantemente hostil contra un país en particular y sus estructuras de poder, dando el derecho a acciones de respuesta adecuadas», subrayó.
mv/mml
