Los organizadores del evento, que sesionará de forma paralela a la Cumbre de las Américas, denunciaron que tal conducta «constituye una denegación ilegal de los derechos constitucionales de quienes participan en una actividad protegida por la primera enmienda»de la Constitución.
Es una atroz violación de la libertad de expresión y la infracción de nuestro derecho democrático a la protesta, lo cual va en contra de los mismos valores que el presidente Joe Biden y el Gobierno de Estados Unidos dicen defender en la Cumbre de las Américas, expresó un comunicado de la plataforma The People’s Forum.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes afirmó que la “Cumbre de los Pueblos (8-10 de junio) levantará todos aquellos temas importantes para nuestra gente pero que fueron excluidos de la cumbre presidencial al otro lado de la ciudad”.
Independientemente del resultado de la solicitud de permiso, “como pueblos de las Américas marcharemos por las calles de Los Ángeles el 10 de junio hacia la Cumbre de Exclusión de Biden y haremos escuchar nuestras voces”, señaló el texto.
Siguiendo la tradición de cada Cumbre de las Américas desde la efectuada en Mar del Plata (2005), sindicalistas, activistas, organizaciones de base y pueblos progresistas convocaron a ese encuentro para contrarrestar la cita impulsada por la Casa Blanca y la OEA del 6 al 10 de junio.
The People’s Forum también denunció hace poco la posible negación de visa a 23 miembros de la sociedad civil de Cuba que participaría en la Cumbre de los Pueblos y repudió la intención del Gobierno de Estados Unidos de excluir a la isla caribeña, Nicaragua y Venezuela de la venidera cita hemisférica.
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