En un comunicado los activistas denunciaron que la más reciente iniciativa del Ejecutivo afectaría la zona de Donoso, en la caribeña provincia de Colón.
Según esos grupos, la medida no cuenta con una evaluación de impacto en la biodiversidad y objetivos de conservación, lo que contraviene decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el texto explicaron además que este proceso inició como una modificación de límites necesaria, debido a que el área protegida se creó incluyendo zonas pobladas antes, las cuales no formaban parte del estudio técnico original.
Sin embargo, los ambientalistas señalan que MiAmbiente indicó cerrar la consulta pública de la propuesta final, lo cual da luz verde a eliminar el 47 por ciento de la superficie del área protegida, casi 98 mil hectáreas, incluyendo zonas establecidas en los análisis iniciales.
Advirtieron que este proceso significa no solo un riesgo para la excepcional biodiversidad de Donoso, que es parte del Corredor Biológico Mesoamericano, sino que constituye una real amenaza para todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que cubre más del 30 por ciento del territorio istmeño.
Además, alertaron que este y otros vacíos en el proceso podrían constituir un precedente negativo que permita que la invasión y deforestación en cualquier área protegida.
De esa manera, agregaron, se vulnera la calidad de vida de las nuevas generaciones que dependen de la disponibilidad de agua y protección del cambio climático que brindan los diversos ecosistemas.
Los colectivos reclamaron al titular de MiAmbiente, Milciades Concepción, que cumpla con declaraciones del 2021, cuando afirmara que las áreas protegidas son sagradas y aseverara que la única forma de reducir un área dentro de un parque nacional, es aumentando el área protegida.
El pasado 30 de mayo, Prensa Latina tuvo acceso a un informe de la Contraloría general de la República, según el cual entre 2017 y 2021 se incrementaron vertiginosamente los delitos ambientales en Panamá.
De acuerdo con ese estudio, de 317 infracciones cometidas en 2017 la cifra se elevó a 471 el año pasado.
Las provincias con mayor auge en este tipo de violaciones fueron Coclé, Colón, Darién, Chiriquí y Panamá, según esa investigación.
A juicio del presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, Donaldo Sousa, las cifras de estas violaciones contra la naturaleza no reflejan todo el panorama, pues solo registran a personas que talan árboles o que capturan ilegalmente animales en peligro de extinción.
El experto señaló que las estadísticas oficiales no contemplan los llamados “delitos de cuello blanco”, es decir empresas que inician obras de todo tipo sin contar con licencias o estudios de impacto, y precisó que hay más de 70 denuncias al respecto.
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