Constituidos en la llamada alianza Pueblo Unido por la Vida, los líderes de esas agrupaciones obligaron al Ejecutivo a revisar con planes concretos varios de sus reclamos, entre ellos el aumento salarial, desempleo, despidos masivos y los altos precios del combustible, los medicamentos y los alimentos.
Las medidas de presión comenzaron a intensificarse desde el pasado 19 de mayo, con una marcha que recorrió arterias de esta capital hasta llegar a Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) y rechazar allí el alto costo de la vida.
En diversos comunicados, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, la Federación Auténtica de Trabajadores y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), entre otras, han confirmado que las protestas podrían incrementarse de no recibir la atención esperada.
En ese sentido anunciaron un segundo encuentro nacional de dirigentes de las diversas agrupaciones para precisar detalles de otra marcha popular, pero de mayores alcances, el próximo 28 de junio.
A la ola de protestas se sumado otros gremios como el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud, cuyo secretario general, Jorge Morales, adelantó que no permitirán que se vulneren derechos como salarios justos, al tiempo que confirmó para el 17 de junio venidero una huelga de brazos caídos si no son escuchados por las autoridades sanitarias.
De su parte, el Frente Amplio por la Democracia, organización política en formación, llamó a seguir el desarrollo del proceso electoral hacia los comicios presidenciales de 2024 presentado de manera oficial el pasado 1 de junio, al tiempo que alertó del fraude seguro en esa votación, viciada por maniobras de partidos tradicionales signados por la corrupción y el clientelismo.
El coordinador de Frenadeso, Jorge Guzmán, indicó a Prensa Latina que en el istmo se está viviendo un momento complejo de violaciones a los derechos humanos y entidades como la Defensoría del Pueblo o la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), hacen silencio cómplice.
Guzmán recordó que desde el pasado año presentaron una iniciativa a la Asamblea Nacional (Parlamento) sobre la necesidad de que se cierre Acodeco, ya que no responde a los intereses del pueblo humilde y trabajador.
También insistió en la importancia de la unidad para lograr victorias en todos estos frentes, entre los que mencionó además la creación de una Asamblea Constituyente Originaria, de plenos poderes, que reforme el Estado.
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