La medida sustitutiva a la prisión provisional fue dictaminada por una jueza en la ciudad de Latacunga, provincia Cotopaxi, quien afirmó que el arresto fue legal, pero accedió al pedido de liberación a cambio de presentación periódica ante autoridades competentes.
Contra Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), organización que convocó a la movilización nacional indefinida, se formularon cargos como autor de la paralización de servicios públicos.
En sus primeras declaraciones al salir de prisión, el líder indígena afirmó: «Aquí nadie ha salido a desafiar la ley. solo hemos salido porque el hambre y las injusticias han tomado cada uno de nuestros hogares. La ley ha desafiado al hambre. Por eso hemos salido a las calles».
Ante cientos de simpatizantes, Iza advirtió que mientras los pobres son detenidos por luchar contra el alto costo de la vida, las personas con mayores ingresos o dinero y bienes en paraísos fiscales gozan de garantías y son protegidos por la ley y la justicia ecuatorianas.
Igualmente, denunció al mundo que su arresto fue un acto de persecución política del gobierno, pues según sentenció, jamás hubo delito flagrante como lo quieren hacer ver y la detención fue ilegal.
En su intervención, el dirigente de pueblos y nacionalidades llamó a no bajar la moral ante los intento de neutralizar a los líderes y detener la lucha de los sectores sociales.
Asimismo, instó al gobierno nacional no minimizar al pueblo, pues son millones los ecuatorianos que viven en pobreza y o conminó a resolver los problemas más álgidos de ese sector poblacional.
«Mantenemos la lucha y esperamos que los derechos que hoy están siendo violentados, también sean escuchados», concluyó.
Las jornadas de protesta social comenzaron el pasado lunes, por convocatoria de la Conaie, que pide al ejecutivo responder a 10 puntos planteados en diálogos sostenidos en junio, octubre y noviembre de 2021.
Congelar los precios de los combustibles a niveles más bajos que los actuales, poner fin a los recortes presupuestarios en la educación y la salud, respetar los derechos colectivos, aliviar los problemas de los productores agrícolas y medidas efectivas contra la inseguridad, son algunos de los temas pedidos al ejecutivo.
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