Por Julio Morejón Tartabull
Periodista de la Redacción Internacional de Prensa Latina
Mali se distanció de París en el ámbito diplomático y en ese contexto deshizo el acuerdo de cooperación bilateral en asuntos de defensa, lo que observadores consideraron una compleja decisión político-militar, expresión de soberanía.
En abril las tropas se retiraron de la base de Gossi; Ménaka es la penúltima instalación ocupada por tropas galas, la otra se halla en la norteña región de Gao y su jurisdicción retornará a las autoridades de la nación del África Occidental a finales del verano, según el cronograma elaborado por el gobierno francés y aceptado por Bamako.
El establecimiento militar devuelto en junio fue inaugurado hace cuatro años para alojar al grupo de fuerzas especiales francesas y europeas de las operaciones Barkhane y Takuba, dedicadas a la lucha contra las facciones extremistas que operan en el norte y centro del país.
En Mali actúan tres misiones, dos de estas occidentales: la Takuba, integrada por soldados de varios países europeos; la Operación Barkhane (franco-africana) y la Fuerza Conjunta del Grupo G-5 Sahel, con militares de Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger, una heterogénea combinación defensiva.
Es evidente el declive en las relaciones, estremecidas desde enero pasado con la expulsión de Joël Meyer, embajador francés en la capital maliense, y por las acusaciones oficiales de Bamako sobre la intromisión en sus asuntos internos e incluso el interés de dividir al país, como señaló el primer ministro, Choguel Kokalla Maïga.
Tales discrepancias se trasladaron de la arena diplomática al campo de la seguridad, en el cual todo disgusto puede eslabonar una crisis y con ella provocar reacciones adversas que afecten a otros países del entorno, como aquellos agrupados en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).
La mayoría de los miembros de la Cedeao son francófonos, por ser excolonias galas, y eso supone una relación basada en acuerdos y entendimientos políticos, así como vínculos económicos e ideológicos que influyen en sus comportamientos ante situaciones complejas, como acontece entre Mali y Francia.
PAÍS SANCIONADO
El Consejo Militar comandado por el coronel Assimi Goita, es sometido a sanciones de la Cedeao por incumplir el plazo -que el bloque considera lógico- para pasar el gobierno a los civiles y restablecer la institucionalidad perdida con los golpes de Estado de 2020 y 2021 contra los presidentes Ibrahim Boubacar Keita y Ba N’Daou, respectivamente.
La caída de Boubacar Keita se justificó con su ineptitud para enfrentar el avance de los grupos armados de distorsionada confesión islámica, con marcada presencia en el contexto nacional desde 2012, tras el levantamiento armado un año antes de los movimientos separatistas de la comunidad tuareg en el norte del país.
Los destacamentos extremistas secuestraron esa rebelión secesionista y le impusieron un contenido de Yihad o guerra santa islámica contra las autoridades, consideradas apóstatas. Esa ofensiva fundamentalista la enfrentó la operación militar franco-africana Serval en 2013, que dispersó a los integristas pero no los erradicó.
Así, la reunificación de esos grupos armados de base religiosa mediante alianzas y los avances demostrados en el dominio de los implementos de la guerra no convencional de baja intensidad reforzaron la capacidad combativa de esas formaciones “irregulares, no estatales”, según denominaciones técnicas.
La supuesta inhabilidad operativa gubernamental indujo a la cúpula castrense a desplazar a Boubacar Keita y colocar una nueva administración, la cual aunque no frenó la Yihad, prometió hacerlo, aunque en condiciones más complejas por las presiones de la Cedeao y un posible aislamiento subregional.
En 2021 el coronel Goita derrocó a N’Daou y a su primer ministro, Moctar Ouané, asumió todo el poder y propuso en principio un periodo de transición de cinco años, lo cual rechazó la Cedeao, que aplicó medidas de castigo contra la élite militar.
EPÍTOME
No obstante el distanciamiento diplomático y el desplome del acuerdo de cooperación en asuntos de seguridad, parece que el previsible congelamiento de los vínculos bilaterales aún demorará pese a lo acre de las actitudes públicas, pues París continúa sus acciones en la guerra contra el terrorismo en Mali.
El Estado Mayor del Ejército francés informó recientemente la detención de Oumeya Uld Albakaye, jefe del grupo extremista Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) para la región maliense de Gourma y la de Oudalan, en Burkina Faso, en una acción combativa cerca de la frontera con Níger.
“La operación arrancó hace varias semanas y movilizó las diferentes capacidades aéreas (…) y unidades terrestres de la fuerza Barkhane”, precisó el mando y agregó que durante esa misión se incautaron “teléfonos móviles, armas y numerosos recursos».
Según la fuente, Uld Albakaye «organizó muchos ataques contra diferentes puestos militares en Mali, especialmente en Gao, y dirigía las redes de colocación de artefactos explosivos de fabricación artesanal», sus principales objetivos de ataques eran los ejes de circulación usados por Barkhane para establecerse posiblemente en Níger.
El distanciamiento entre Mali y Francia podría influir, aunque no en forma decisiva, en los propósitos y el comportamiento de la ofensiva contra los grupos radicales beligerantes, un problema grave de inseguridad en la africana región del Sahel, que Occidente identifica como un lugar de cocción del caldo terrorista.
Pese al citado debate entre los dos países y su repercusión en la extensa franja semidesértica al sur del Sahara, hay muchos intereses en juego para olvidarse de ellos y que, en última instancia, sobrepasan los disgustos diplomáticos.
Es probable que el disenso sobrepase lo bilateral (Bamako-París) e incluya a más actores internacionales, como es común en estos tiempos de coaliciones y polarización de fuerzas a nivel global.
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