Quito, capital del país, Guayaquil y Manta, son algunas de las urbes donde hay registros de supermercados con anaqueles vacíos y valores elevados de algunos artículos y alimentos de la canasta básica, situación que en opiniones coincidentes, es provocada por el rechazo del ejecutivo a conceder las garantías pedidas por los manifestantes para dialogar.
Verduras, frutas, huevos, son algunos de los productos que escasean y cuando aparecen tienen el doble o el triple del valor al cual se vendían antes del comienzo de las protestas el pasado 13 de junio.
El bloqueo y cierre de vías, sobre todo en la región Sierra, en los accesos al Distrito Metropolitano y la costa, son algunas de las razones, que, según analistas, comerciantes y vendedores, han provocado el alza y el desabastecimiento.
De su lado, el sector productivo sostiene que las pérdidas por causa de las manifestaciones superan ya los 108 millones de dólares y avizoran la posible pérdida de empleos si no hay acuerdos para las conversaciones.
La industria florícola es una de las perjudicadas con pérdidas de dos millones de dólares por cargas sin exportar y el turismo reporta cancelación del 79 por ciento de los hospedajes.
Otra área afectada es la avícola, pues según sus directivos, 45 millones de huevos no han llegado a los centros de distribución y tres millones de pollo no pudieron ser trasladados a los lugares de procesamiento.
Por su parte, la empresa pública Petroecuador tuvo que apagar 237 pozos petroleros y tiene 28 torres de perforación paralizadas.
Previsiones de la petrolera estatal indican que la producción de crudo y gas podría caer de los 400 mil barriles diarios registrados antes de las movilizaciones a 128 mil para el cierre de este mes.
La aviación también ha tenido problemas con la cancelación de más de una docena de vuelos domésticos e internacionales.
El paro nacional por tiempo indefinido busca que el Gobierno ofrezca respuestas a la población sobre demandas en contra del alza en el costo de la vida y la inseguridad ciudadana, planteadas en varias ocasiones desde el inicio de la gestión del presidente Guillermo Lasso, el 24 de mayo de 2021.
En ese contexto, el uso de la fuerza y la represión para contrarrestar las protestas ha provocado la radicalización de las acciones de hecho, lo cual extiende el conflicto.
A juicio de analistas, la situación actual, lejos de propiciar una salida del impase, distancia más la posibilidad de regresar al cauce de la reactivación económica necesaria en el país.
Para muchos, el mecanismo es el diálogo, pero con propuestas de soluciones, no las reacciones desde la fuerza del orden, que exalta a quienes sufren las carencias cada vez mayores y reclaman por una mejor vida.
Asimismo, estudiosos señalan contradicciones entre el discurso y el accionar del mandatario, quien insta a conversar para mantener la ruta hacia el crecimiento económico y por el bien de la población, pero en medio del levantamiento popular firmó un decreto mediante mediante el cual se reducen horas extra y limitan las contrataciones nuevas.
El Decreto Ejecutivo 457, denominado «Lineamientos para la optimización del gasto público», fue rechazado por trabajadores de varios sectores, entre ellos el eléctrico.
«El discurso que deteriora el prestigio y la necesidad social de las instituciones
públicas no es nuevo, ha sido una de las consignas principales con la que los interesados en los procesos de privatización han intentado legitimar sus proyectos» sostuvieron en un pronunciamiento organizaciones de trabajadores del sector público ecuatoriano.
Por el momento, el Gobierno sostiene que no aceptará condicionamientos y los sectores populares en paro insisten en requerir garantías para acudir a la mesa de diálogo, como la derogación del estado de excepción en seis provincias y la desmilitarización del parque El Arbolito, espacio capitalino usado para sus asambleas y coordinación de posturas.
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