La disposición que regía desde el 20 de junio en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza por grave conmoción interna, quedó eliminada mediante el Decreto Ejecutivo 461.
Tal ordenanza indica notificar de la terminación a la Asamblea Nacional (Parlamento), Corte Constitucional, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, señala que por las actuaciones de las autoridades pertinentes, ya no se constatan presupuestos para identificar grave conmoción.
No obstante, advierte de la posibilidad de poder volver a invocar el mecanismo, si se presentan hechos similares a los que fundamentaron la medida.
Derogar el decreto que instituyó el estado de excepción fue una de las garantías solicitadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para acceder a la mesa de negociaciones.
El fin de la regulación fue anunciado mientras el pleno del Legislativo discute un pedido de destituir al mandatario, en medio de 13 días consecutivos de paro nacional, convocado por la Conaie, al cual se unieron mujeres, campesinos, trabajadores, estudiantes, entre otros sectores.
La organización nativa demanda del Ejecutivo respuestas concretas a una agenda de 10 puntos planteados en tres ocasiones desde 2021.
Esos reclamos versan sobre el pedido de generación de empleo, derechos laborales, combate a la especulación, precios justos para la producción agrícola, reducir y congelar valores de los combustibles.
Asimismo, moratoria y renegociación de deudas, presupuesto para educación y salud, planes efectivos contra la inseguridad y no privatización de empresas públicas, entre otros.
El levantamiento, con carácter nacional, territorial e indefinido, incluye marchas y concentraciones en numerosas ciudades del país, así el cierre y bloqueo de vías, registrado en la mayoría de las 24 provincias de esta nación andina.
De igual manera, las acciones populares fueron afectadas por una fuerte represión policial y del ejército, denunciada a nivel nacional e internacional.
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