El fallo, que privará de ese derecho a más de 26 millones de mujeres en edad reproductiva, anuló el caso Roe contra Wade, cuyo veredicto en 1973 ofreció protección a la interrupción del embarazo.
Según la denuncia de la organización, la decisión del 24 de junio supone la probable desaparición del derecho al aborto en al menos 26 estados que ya aprobaron o tienen previsto decretar leyes antiabortistas este año.
El juez Samuel Alito escribió la opinión mayoritaria, sosteniendo que el derecho al aborto no es constitucional ni está arraigado en la «historia y la cultura» de Estados Unidos, refiere un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina.
La NCBL (National Conference of Black Lawyers) afirmó que el aborto es una atención sanitaria y un derecho humano.
Además, alertó que las restricciones y prohibiciones ponen a las comunidades negras en riesgo de sufrir traumas físicos, emocionales y mentales.
“Estamos especialmente preocupados por la peligrosa justificación de esta horrenda decisión”, enfatizaron al insistir que el impacto de la sentencia podrá determinarse en la criminalización de miles de afroamericanos.
Con nueve jueces, la Corte Suprema tiene una composición de seis magistrados conservadores, de los cuales tres (Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett) fueron nominados por Donald Trump durante su mandato (2017-2021).
“Como mujer, como madre y como abuela”, es muy triste ver a las jóvenes con menos derechos que sus predecesoras, lamentó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, quien anticipó que el tema de la libertad reproductiva estará “en la papeleta de voto” en las elecciones de medio término de noviembre.
Sobre la criticada decisión, el mandatario Joe Biden admitió que la Corte Suprema «le arrebató un derecho constitucional a las mujeres. No lo limitaron, lo eliminaron».
Para el ocupante del Despacho Oval la lucha no termina aún y según se comprometió hará todo lo posible por restituir ese derecho.
La Conferencia Nacional de Abogados Negros es una asociación estadounidense fundada en 1968 para ofrecer asistencia a activistas de derechos civiles y la integran jueces, estudiantes de derecho, abogados, activistas y trabajadores legales, y académicos.
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