May, quien renunció en mayo de 2019 por no conseguir el apoyo del Parlamento para el acuerdo del Brexit que negoció con la Unión Europea (UE), dijo en la Cámara de los Comunes que el proyecto de ley es ilegal, y afectará la reputación internacional del Reino Unido.
Como patriota, no quiero hacer nada que disminuya la estatura de este país ante el mundo, afirmó la diputada conservadora durante el debate de la controvertida polémica presentada por el Ejecutivo, y que será sometida a votación al final del debate.
Otros legisladores del partido gobernante, entre ellos el presidente del comité parlamentario para los asuntos norirlandeses, Simon, Hoare, también cuestionaron la legalidad de los planes de Johnson de enmendar el acuerdo sellado con la UE.
El llamado Protocolo para Irlanda del Norte fue la fórmula acordada por Londres y Bruselas para evitar una frontera física entre ambas Irlandas, luego de la consumación del Brexit en enero de 2020.
El mecanismo establece que todos los productos procedentes del resto de Gran Bretaña deben ser sometidos a controles para comprobar que cumplen con las regulaciones sanitarias y aduaneras europeas antes de entrar a la provincia británica.
Los unionistas norirlandeses alegan que el protocolo, además de retrasar el flujo de mercancías, amenaza la posición de ese territorio británico dentro del Reino Unido, y exigen su renegociación, pero la UE se niega a revisar el acuerdo, y advirtió que inició acciones legales en los tribunales de arbitraje para demandar a Londres por violación del acuerdo.
La canciller británica, Liz Truss, reiteró este lunes en el Parlamento que los cambios unilaterales son necesarios para romper el bloqueo político impuesto por el Partido Democrático Unionista, y preservar los acuerdos de paz del Viernes Santo que en 1998 pusieron fin al conflicto armado en Irlanda del Norte.
Para tratar de conjurar la crisis y contentar a los unionistas, Londres propone crear un “canal verde” para las mercancías con destino a Irlanda del Norte, y dejar los chequeos solo para aquellos productos que sigan viaje a la República de Irlanda.
El proyecto de ley también pretende eliminar la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia sobre las disputas que se generen en la provincia británica, y dejar que sean las empresas locales las que decidan si desean regirse por la legislación europea o por la del Reino Unido.
La oposición parlamentaria encabezada por los laboristas anunció que votará en contra de la propuesta, aunque los conservadores ostentan la mayoría parlamentaria.
El proyecto de ley también será debatido en la Cámara de los Lores antes de regresar a la Cámara de los Comunes para una tercera lectura.
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