«El gobierno rompe el diálogo confirmando su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad», aseveró la Conaie en un mensaje en las redes sociales en reacción al anuncio del Jefe de Estado, Guillermo Lasso, de cerrar el diálogo con el presidente de la organización, Leonidas Iza.
La Confederación responsabilizó al mandatario de la república, de las consecuencias de su política belicista, exigió respeto al líder indígena y enfatizó: «Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo».
El diálogo comenzó la víspera, luego de 15 días de protesta social nacional, territorial e indefinida, convocada por la Conaie y a la cual se unieron múltiples sectores sociales como mujeres, campesinos, trabajadores, amas de casa y estudiantes.
Miles de personas sumadas a las manifestaciones respaldan la agenda de 10 puntos planteada por el movimiento indígena desde junio de 2021 y desoída por el Gobierno nacional, que solo en los últimos días comenzó a aprobar disposiciones relacionadas con algunas de las demandas sociales.
Precio más bajos y justos para los combustibles y la canasta básica, no a los recortes en el presupuesto de la educación y la salud, prohibir la minería en zonas protegidas y habitadas por pueblos y nacionalidades, así como frenar los procesos de privatización de empresas públicas y sectores estratégicos son algunos de los reclamos.
Constan además los pedidos de políticas efectivas contra la creciente inseguridad, respeto a los 21 derechos colectivos, atención a la pequeña agricultura en crisis, créditos y condonación de deudas.
El levantamiento popular cumplió hoy la jornada 16 en relativa calma mantenida en los últimos cuatro días, luego de dos semanas de fuerte represión departe de la policía y el ejército contra las movilizaciones pacíficas en la capital y centros de paz, instalados en universidades para acoger y brindar ayuda humanitaria a indígenas y campesinos de otras provincias.
El uso desmedido de la fuerza por los uniformados, que dejó al menos cinco fallecidos, más de 100 heridos y una cifra similar de detenidos, fue denunciado dentro y fuera de Ecuador, donde una Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, procedente de Argentina, monitorea la situación.
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