El debate de la solicitud, realizado durante tres jornadas y con la intervención de 109 de los 137 miembros del pleno, acabó con la votación de todos los parlamentarios presentes en la sesión, entre quienes 80 se pronunciaron a favor de la destitución (de 92 votos necesarios), 48 en contra y nueve se abstuvieron, sin boleta en blanco.
Cerca de nueve horas duró el último debate, marcado por el anuncio del mandatario de romper el diálogo con Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que convocó al paro nacional vigente por 16 días contra medidas neoliberales del Gobierno, al cual se unieron múltiples sectores sociales.
Sin límite para las intervenciones, cada asambleísta contó con un máximo de 10 minutos para exponer sus puntos de vista en el proceso impulsado por Patricia Núñez, de la bancada de la alianza Unión por la Esperanza (UNES).
Muchos de los discursos coincidieron en denunciar la criminalización de la protesta y la represión policial y del ejército, desatada durante las dos primeras semanas de movilizaciones contra quienes participan en el paro, especialmente en Quito, epicentro de las manifestaciones.
Otros estimaron que separar del cargo a Lasso no es la solución requerida por el país en estos momentos, cuando se impone el diálogo para llegar a soluciones concretas y poner fin al levantamiento, mientras se atienden demandas de indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes sumados al levantamiento.
La necesidad de respetar el derecho a la protesta también fue una solicitud de algunos de los parlamentarios.
Según trascendió en redes sociales, los votos sobre el pedido estarían divididos incluso al interior de algunas bancadas como Pachakutik y los independientes, mientras Izquierda Democrática anunció que se pronunciaría por el país.
«Debe quedar claro que nuestro voto es por Ecuador, no por Guillermo Lasso», sentenció en un comunicado y advirtió al jefe de Estado que estarán atentos y le exigirán cumplir con los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución, escuchar al pueblo, conectarse con la realidad y responder a sus necesidades urgentes.
Mientras, UNES, desde donde surgió la solicitud, siempre manifestó la decisión de sus 47 miembros para cesar en funciones al Jefe de Estado, por grave crisis política y conmoción interna.
Durante la sesión, en la cual eran necesarios 92 votos para la destitución, el mandatario tuvo la posibilidad de ejercer derecho a la defensa, pero determinó presentar las pruebas de descargo por escrito, mediante el asesor jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, lo cual fue ampliamente criticado en el pleno.
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