De prosperar, posiblemente por mayoría legislativa oficialista, se derogaría una ley adoptada durante la última etapa del gobierno del Frente Amplio, presidido por José Mujica, en diciembre de 2014 que limita esas concentraciones de propiedades y fomenta la producción nacional.
Según señaló el semanario Búsqueda, el Gobierno fundamentó esta decisión, en que la normativa vigente contiene “varias inconstitucionalidades”, y en tal sentido se hizo referencia al artículo 56, que prohíbe la venta de datos por parte de las cableras.
Este medio aseguró que con esta acción el Poder Ejecutivo quiere «enviar una señal política» para agilizar la aprobación de la nueva Ley de Medios, que se encuentra estancada hace más de dos años y que generó cuestionamientos de referentes en la temática.
La nueva legislación propuesta solo mantiene tres artículos que hacen referencia a los derechos de accesibilidad de las personas en situación de discapacidad y a la obligatoriedad del lenguaje de señas en parte de la programación de los servicios de televisión.
El periódico La Diaria denunció el rescate de la normativa de la pasada dictadura, ya que de aprobarse las disposiciones contenidas en la rendición, volvería a quedar vigente la posibilidad de establecer sanciones a las emisoras por “perturbar la tranquilidad pública” o “menoscabar la moral y las buenas costumbres”.
Semanas atrás el presidente de la República, Luis Lacalle, habilitó mediante decreto a que cinco operadores de cables participaran en el mercado interno de contenidos de internet y así empezó a desmonopolizar a empresa estatal Antel.
Tal medida desató críticas en el opositor Frente Amplio y en el sindicato Sutel que emprendió una acción legal en contra.
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