La aerolínea solicitó el permiso para ampliar sus servicios tras el levantamiento de las restricciones impuestas durante el mandato de Donald Trump (2017-2021) y que hasta mayo mantuvo su sucesor, Joe Biden.
En su propuesta, AA pretende una frecuencia diaria entre el Aeropuerto Internacional de Miami hasta Matanzas/Varadero; dos a Santa Clara y uno al día a Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba.
El pasado 31 de mayo, el Departamento de Transporte a solicitud del Departamento de Estado, revocó una serie de restricciones a los vuelos hacia la mayor de las Antillas, derogándose así las restricciones de Trump.
El republicano dio una vuelta de tuerca al bloqueo de Estados Unidos al país caribeño durante su gobierno con la imposición de al menos 243 medidas coercitivas.
Entre 2019-2020, Trump suspendió las mencionadas conexiones aéreas, incluida la posibilidad de realizar vuelos chárter públicos, excepto hacia el Aeropuerto Internacional José Martí, de la capital cubana.
Llevó los vuelos casi a cero, cerró los servicios consulares en la embajada de Estados Unidos en Las Habana, vetó la entrada de cruceros y persiguió barcos tanqueros que transportaban petróleo a la isla, como parte de la política de máxima presión contra Cuba, exacerbada durante la pandemia de la Covid-19.
El pasado 16 de mayo, la Casa Blanca dio un paso positivo, “pero de alcance muy limitado con respecto a Cuba en materia de visas, migración regular, vuelos a provincias, remesas y ajustes a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal”, señaló una declaración de la cancillería de la nación antillana.
Las autoridades de La Habana dejaron claro en ese momento que los anuncios “no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump».
Tampoco revierten la inclusión arbitraria y fraudulenta de Cuba en la lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente son patrocinadores del terrorismo.
Esa es una de las principales dificultades con las que tropieza Cuba para sus transacciones comerciales y financieras en muchas partes del mundo, apuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo –precisó la declaración- se trata de un paso limitado en la dirección correcta, una respuesta a la denuncia del pueblo y del Gobierno cubanos y responde también a los llamados de la sociedad estadounidense y de los cubanos residentes en este país.
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