La iniciativa la impulsan en la Asamblea Nacional (Parlamento) legisladores de la bancada de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), en cuyo criterio se impone hacer justicia.
El pedido, presentado por la parlamentaria Esther Cuesta exhorta a la Defensoría del Pueblo, institución nacional promotora y protectora de los derechos de las personas, a indagar sobre las vulneraciones denunciadas en los 18 días de marchas, convocadas por el movimiento indígena a nivel nacional y con foco en Quito.
Las movilizaciones fueron anunciadas desde el pasado 24 de mayo, cuando el presidente de la república, Guillermo Lasso, presentó el informe sobre su primer año de gestión y hasta el 13 de junio, cuando iniciaron las acciones, nada se hizo al respecto.
Cuesta recalcó que ante el legítimo derecho ciudadano a alzar la voz, lo vivido fue una fuerte represión policial y militar, declaración de tres estados de excepción, toma de la Casa de las Culturas por la fuerza pública, violencia en zonas de paz declaradas en universidades y el arresto del líder indígena Leonidas Iza, que aumentó el fervor social.
Respaldada por la bancada de UNES, la propuesta es que el ente defensor de los derechos humanos reúna a un grupo de expertos con actores de la sociedad civil y la academia para evaluar lo acontecido, en un término de 90 días.
Las movilizaciones de junio contra el alto costo de la vida, la inseguridad y medidas de corte neoliberal del Gobierno, dejaron seis muertos, 77 vulneraciones a derechos humanos, 335 heridos entre los manifestantes, 175 detenciones y según el Ejecutivo, 175 policías lesionados y algunos secuestrados.
Lo visto y lo vivido son imágenes desgarradoras de pueblo contra pueblo, una sociedad fragmentada y polarizada por el racismo, el clasismo, el regionalismo y la xenofobia, apuntó la representante de UNES.
Un total de 110 legisladores, de los 137 miembros del pleno, estuvieron a favor del estudio defensorial.
Los resultados podrían ser las respuestas exigidas por instituciones ecuatorianas, parlamentos de la región y el mundo, así como entes internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, que pidieron esclarecer los hechos.
Incluso, la Misión Internacional de Solidaridad que llegó a Ecuador a comprobar las denuncias de violaciones al derecho a la protesta, refirió en su informe de posibles crímenes de lesa humanidad.
Ataques de carácter sistemático, generalizado y dirigido a la población civil. Desapariciones forzadas, homicidios, privación ilegal de la libertad, tortura. Quedan todos estos casos en la necesidad de obtener verdad y justicia para las víctima, señaló el reporte.
En ese contexto, el 29 de junio, un día antes del fin de las movilizaciones con la firma de un Acta por la Paz entre el Gobierno y el movimiento indígena, la Red Global Contra La Violencia Policial llamó al Ejecutivo a cesar de forma inmediata las graves violaciones a los derechos humanos que acontecían en el marco de las protestas sociales.
“Siempre hemos luchado por la democratización del Estado, por la tierra, por el agua, por la eliminación de la esclavitud. La Defensoría del Pueblo debe investigar e informar la represión y asesinatos de los compañeros movilizados», sostiene sobre el tema José Agualsaca, también de UNES.
La resolución de la Legislatura exhorta además a los entes de justicia a evitar la criminalización de la protesta y garantizar el derecho a la resistencia en los procesos iniciados o pendientes a raíz del paro nacional, incluido el presentado contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, considerado arbitrario e ilegal por su defensa.
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