La tercera mesa de diálogo entre el Ejecutivo Nacional español y la Generalitat, concluyó en esta capital con dos acuerdos relevantes, la preservación de la lengua catalana sin desmedro del castellano, y la denominada desjudicialización de la política con miras a avanzar en reformas.
Aunque los progresos son ostensibles, no son del agrado de la oposición, especialmente del conservador Partido Popular (PP), que considera que la administración de Pedro Sánchez hace excesivas concesiones a cambio de apoyos a su legislatura.
En todo caso, el Gobierno y la Generalitat sellaron un acuerdo que rechaza la «criminalización de los proyectos políticos democráticos», aboga por reformas que acaben con la judicialización de la política en Cataluña y apuesta por «la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia».
No obstante la existencia de un importante sector catalán abiertamente independentista, Sánchez ha impulsado la vía del diálogo para buscar un entendimiento con la comunidad autónoma, debido a su peso específico en la proyección de España como país y en el renglón económico, comercial y tecnológico.
Durante la reunión mantenida este miércoles en el Palacio de la Moncloa, ambas partes destacaron el comprometido a avanzar en el diálogo y la negociación superando y poniendo fin a la dinámica y los efectos de la judicialización de los últimos años.
El encuentro fue valorado de positivo y constructivo por ambas partes, y en particular el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, remarcó que el diálogo resultó «sincero, amable y constructivo».
Por su lado, la consellera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, consideró que se trata de un «paso imprescindible para afrontar la resolución del conflicto político en Cataluña».
Respecto al idioma, coincidieron en la necesidad de reforzar la autonomía del catalán, tanto en las aulas como en el Parlamento Europeo o en el Senado español.
Se abrió paso la fórmula aprobada por el Parlament para garantizar el catalán como lengua vehicular en la escuela y reconocer asimismo el uso curricular del castellano.
«Ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña; si bien la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos», argumenta el convenio.
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