El plazo de pago de la deuda vence en enero pero el gobierno no dispone del capital, dijo Villalona, economista dominicano-salvadoreño con 37 años de experiencia en labores de investigación económica y social, y docencia universitaria, autor de varios libros.
Para tener los fondos, el Ejecutivo tiene un largo camino de negociaciones y opciones que le permitan, al menos, pagar parte de ese débito antes de su vencimiento, y no lo puede liquidar con los ingresos fiscales de cada mes.
El año que viene hay que pagar una deuda altísima, repartida por meses, pero en enero es de 800 millones y el gobierno tiene que conseguirlo este año, explicó.
Con ese fin negocia desde hace un año un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de mil 300 millones pero, esa entidad pone condiciones leoninas como aumentar el impuesto al consumo, reducir subsidios, el típico programa que rechazan los países que solicitan ayuda a un foro dominado por Estados Unidos, explicó.
Hasta ahora, dijo, el gobierno no entró en negociación definitivamente, no quiere aplicar ese programa que tiene un costo económico y político terrible, más cuando el impacto puede ser arrastrado hasta inicio de 2024 cuando habrá elecciones presidenciales.
Entonces están como paradas las negociaciones, no están cerradas pero como no ha dado señal de que va a pagar esos 800 millones el riesgo país aumentó.
Ese es un indicador del Banco Morgan de Estados Unidos que lo toman en cuenta los organismos internacionales financieros para decir si un país tiene o no riesgo de pagar la deuda, apuntó.
El riesgo país de El Salvador se elevó de siete a 35 para ser el segundo país de América Latina después de Venezuela con más riesgo de pago de la deuda. Esto no quiere decir que no vaya a pagar, pero hay riesgo y la calificación crediticia cayó a triple C (CCC) que es riesgo de pago. Eso disminuye las opciones para conseguir dinero fresco algo necesario pues cuando se aprobó el presupuesto de este año existía un déficit de mil 200 millones de dólares que había que conseguir con préstamos y ventas de bonos, los cuales dado el riesgo país no hay quien compre.
Dada esta situación, el país no fue favorecido con el desembolso de la mayoría de los fondos de créditos ya aprobados.
A esto se suma el gasto adicional que representa congelar los precios de los combustibles y la energía, los cuales representan un gasto de 100 millones por año que no estaba en el presupuesto y que se vence el 30 de agosto y no se sabe si se va a mantener en los meses siguientes, añadió.
La crisis hizo que el gobierno recortara la inversión pública donde de mil 500 millones prometidos en obras y construcciones, apenas llega a 168 millones de dólares.
El académico explicó una serie de variantes y caminos que puede seguir el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda para conseguir los fondos necesarios para mantener el compromiso de pago que pasan por usar los derechos de giros del Fondo Monetario Internacional, un crédito de la Corporación de Fomento Andino, entre otras, para llegar a la suma que adeuda.
Lo que es una realidad es que el país tiene todos esos mecanismos para conseguir dinero y pagar los 800, pero a costa de un endeudamiento. La deuda es muy alta (24 mil 617 millones de dólares hasta marzo de este año), y aunque se quite los 800 contraerá nueva deuda. Está en un círculo vicioso de pagar deuda para contraer deuda.
Concluyó Villalona que hay otras medidas que pueden ser de tipos fiscal, una reforma tributaria progresiva que paguen más lo que más tienen. Pero este gobierno no va por ahí, subrayó el economista.
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