El examen de la comisión profundizará en las disposiciones legislativas, reglamentarias, estratégicas y financieras para la interceptación legal de las comunicaciones en el contexto de las actividades de seguridad e inteligencia.
También analizará los retos impuestos por las nuevas tecnologías, incluido el uso de la encriptación de un extremo al otro y las limitaciones del marco actual para hacer frente a esos desafíos, apunta un comunicado citado en el portal Radio Canadá Internacional.
La indagación además revisará los riesgos para el derecho a la privacidad que plantean estas tecnologías.
El presidente del Comité parlamentario, David McGuinty, insistió en la importancia de mantener la capacidad de los organismos de seguridad, inteligencia y los servicios de policía para obtener y utilizar legalmente los datos de las comunicaciones, con garantías para la privacidad.
Según apuntó, ello es «esencial para proteger a los canadienses de las amenazas cada vez más complejas».
La investigación se suma al estudio que desarrolla la Comisión permanente de acceso a la información, privacidad y ética de la Cámara de los Comunes (parlamento).
Los programas espía recopilan clandestinamente información de computadoras y teléfonos inteligentes sin el conocimiento y consentimiento de los dueños de esos dispositivos, a partir de herramientas enfocadas en capturar comunicaciones en el equipo, tener acceso a las cámaras y consultar fotos y mensajes de texto.
En junio pasado trascendió que la RPMC utilizó durante varios años aplicaciones de espionaje en algunas de sus investigaciones y la fuerza policial reveló no consultar previamente al Comisionado de protección de la vida privada de Canadá.
El Comité de Seguridad Nacional surgió en 2018 para que determinados parlamentarios tengan acceso a material ultra secreto y puedan plantear interrogantes a los responsables de los organismos vinculados con actividades de inteligencia.
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