La iniciativa la dirige el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y cuenta con el apoyo de otras instituciones de estado como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el Registro Civil, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Derechos Humanos.
«Para el Gobierno Nacional es fundamental contar con información estadística confiable y precisa sobre las personas privadas de la libertad», señaló al respecto el SNAI.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos precisó que el estudio, previsto en tres meses en todo el país, es parte de la implementación de la Política Pública de Rehabilitación Social, aprobada en febrero pasado.
Según adelantos, en Carchi y Loja la pesquisa se extenderá hasta el venidero 24 de agosto e incluye entrevistas a mil 593 internos.
Las siguientes cárceles a visitar por los equipos técnicos serán: Imbabura, El Oro, Pichincha, Azuay, Santo Domingo, Cañar, Esmeralda, Morona Santiago, Manabí, Pastaza, Los Ríos, Napo, Bolívar, Sucumbíos, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Guayas, donde será el cierre.
Recopilar y actualizar información sociodemográfica de aproximadamente 32 mil 543 reclusos distribuidos en los 36 penales, es parte de las metas del estudio, que permitirá impulsar políticas públicas y estrategias de rehabilitación y reinserción social.
El sistema carcelario de Ecuador vive una crisis agudizada en los últimos años con hechos violentos derivados de enfrentamientos entre bandas rivales, los cuales ocasionaron más de 400 muertes.
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