De acuerdo con lo dispuesto en la diligencia realizada en la Unidad Judicial de Quitumbe (sur de Quito), la audiencia para el dictamen se postergó hasta el viernes 26 de agosto.
Llori y su equipo legal insisten en que se apruebe la acción de protección, así como en la declaración de vulneración a derechos constitucionales como el de debido proceso y seguridad jurídica.
Todo el proceso responde a la denuncia de la expresidenta del Legislativo tras ser separada del cargo, por mayoría de 81 miembros del pleno, por incumplimiento de funciones.
Guadalupe Llori también pide una indemnización de 100 mil dólares por cada legislador que votó a favor de su remoción, la cual tuvo lugar en sesión en la sede de la Asamblea Nacional el pasado 31 de mayo.
«Voy a seguir presentando acciones, ya sea constitucionales o judiciales con la finalidad de hacer respetar mis derechos. Se trata de exigir la reparación por todo el daño causado a mi familia, a Pachakutik y a mí como mujer amazónica y política», aseguró a medios de comunicación.
Por su parte, el sucesor de Llori y actual máximo líder del Parlamento, Virgilio Saquicela, consideró que el pedido es improcedente y expresó confianza en el rechazo de la acción, en la diligencia de este viernes.
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