El presidente Gabriel Boric reconoció en un mensaje a la nación que la propuesta no convenció a la sociedad, lo cual explica en parte el abultado rechazo del 61,87 por ciento de los casi 13 millones de ciudadanos participantes en la consulta.
Algunas de las razones esgrimidas son el excesivo comprometimiento del gobierno en la campaña por el Apruebo, o las contradicciones surgidas en el seno de la Convención encargada de redactar el texto.
Un artículo del periodista Raúl Espina publicado en el periódico El Mostrador señala como un error no haber considerado el complejo panorama social y económico, con un elevado costo de la vida, inflación, pobreza y desempleo y su impacto en la vida diaria de la gente.
No se debe descartar en absoluto el resultado de una brutal campaña contra el proyecto desatada por la derecha conservadora desde el primer día, con la difusión de noticias falsas por las redes sociales que hicieron mella en el ánimo de la sociedad y atemorizaron a no pocos.
Se dijo, por ejemplo, que al declararse un Estado plurinacional los pueblos indígenas tendrían privilegios especiales por encima de los demás y se convertirían en una especie de ciudadanos de primera clase.
También hicieron creer que la nueva ley fundamental eliminaría los símbolos patrios, como la bandera y el himno nacional, o que serían confiscadas las propiedades, viviendas, vehículos y hasta los ahorros.
Lo cierto es que un proceso iniciado hace dos años con el 80 por ciento de apoyo popular ahora fue derrotado de manera contundente, al grado de no ganar en ninguna de las regiones del país, y muchos se preguntan con sobrada razón ¿Qué va a pasar en lo adelante?
Una primera respuesta es que la Constitución impuesta en 1980 durante la dictadura militar debe ser cambiada porque hay un acuerdo para sustituirla y eso lo reconocen todos los partidos políticos.
Lo que sucede es que tras el resultado del domingo la derecha más recalcitrante y algunos sectores del centro y una izquierda “moderada”, quienes lideraron la campaña del Rechazo, tratarán de tomar la sartén por el mango e imponer sus condiciones e intereses en el nuevo texto.
Si esto sucede, ya no habrá carta magna pinochetista, pero sí una que se le parecerá bastante.
Otra cuestión, muy vinculada con la anterior, es ¿Quién será el organismo encargado de la redacción, el Congreso de la República o una nueva Comisión Constituyente?.
En el primer caso, no exento de riesgos, el trabajo podría comenzar en un plazo relativamente corto, pero en el segundo se tendría que pasar por una convocatoria, proceder a elegir a los nuevos convencionistas y luego dar un plazo para ejecutar la tarea, lo cual podría demorar uno o dos años en total.
Sin duda el presidente Boric comprende la necesidad de ganar tiempo y convocó a los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, así como a los partidos políticos para iniciar las negociaciones.
Las agrupaciones de derecha declinaron la invitación y pidieron un plazo para “asimilar la nueva situación”, o sea trazar una estrategia común y tratar de imponerla, un signo de los tiempos que vienen.
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