La directora de Relaciones Exteriores del Ministerio de Transporte, Eliana Salazar, explicó en entrevista con una radio local que los miembros de la tripulación, sobre los cuales no pesa acusación alguna, serán escuchados y tendrán la posibilidad de defenderse ante la justicia.
Subrayó que “no hay imputación, no hay delitos” y se espera que la dotación de 14 venezolanos y cinco iraníes sean liberados en su totalidad.
Salazar insistió en la inocencia de los hombres y mujeres, secuestrados por la justicia argentina, según las autoridades de Venezuela, porque una vez devueltos sus pasaportes “demostraron no tener ningún intento de fuga”.
Remarcó que las acciones legales emprendidas por su país para recuperar la aeronave continúan y denunció el impacto desfavorable de su retención en la actividad turística, además de los gastos para el Estado.
El ministro venezolano del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, demandó la víspera la liberación del avión y sus tripulantes.
“A tres meses del secuestro del avión, desde la República Bolivariana de Venezuela con más fuerza elevamos nuestra voz para que la tripulación regrese a casa con sus familias y para tener de vuelta a nuestro avión. Nuestra soberanía se respeta. ¡Los queremos de vuelta!”, escribió en su cuenta en Twitter.
La Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), por su parte, calificó de ilegal la detención del avión venezolano.
El mecanismo regional de integración expresó en un comunicado que ese acto “constituye una vulneración a los derechos humanos básicos” de la tripulación como la libertad de movimiento y el respecto a la dignidad personal.
Denunció, asimismo, que forma parte de una nueva maniobra de incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, basada en las “ilegales medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela”.
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