La pesquisa entró casi en punto muerto desde que se conoció la designación de un perito especial para analizar los archivos recuperados durante el registro a la propiedad de Trump en Florida el pasado 8 de agosto.
El jueves la jueza Aileen Cannon nombró de Raymond Dearie, un veterano jurista de Nueva York propuesto por el equipo legal de Trump, para hacer ese trabajo, y eso supone una victoria para el exgobernante, apuntó la publicación.
Esto ralentizará la investigación sobre el manejo de documentos sensibles en Mar-a-Lago, señaló un artículo de opinión del periódico.
A menos que una apelación presentada por el gobierno el viernes tenga éxito, la acción principal en la investigación ahora parece casi seguro que se pospondrá más allá de las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.
Ese será el momento en el que Trump podría declararse plausiblemente un candidato presidencial para 2024, añadió.
En ese caso, es de esperar que el exmandatario argumente con más entusiasmo que el Departamento de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo están victimizando por razones políticas, subrayó el material.
Durante un reciente mitin en Pensilvania, Trump calificó tanto al DOJ como al FBI de ser «monstruos viciosos».
Cannon autorizó a Dearie a revisar el tramo completo de registros tomados en la búsqueda de Mar-a-Lago y fijó el 30 de noviembre como fecha límite para su trabajo.
Mientras tanto, siguió impidiendo que el DOJ utilice para su pesquisa aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados como «TS/SCI», una abreviatura que significa «Top Secret/Sensitive Compartmented Information» (Muy Secreto/Información Compartimentada Sensible).
Es casi seguro que esta orden no solo frena el ritmo de la investigación, sino preparará el escenario para una impugnación ante un tribunal federal de apelaciones.
El gobierno argumentó en su reclamación que, incluso si Cannon insiste en seguir adelante con el nombramiento del perito, los documentos con marcas clasificadas deberían estar exentos del proceso, pues por su naturaleza, no pueden ser propiedad personal de Trump y son evidentemente pertinentes para la investigación.
Pero «el Tribunal no considera apropiado aceptar la conclusión del Gobierno sobre estas cuestiones importantes y controvertidas sin una revisión adicional por parte de un tercero neutral de forma expeditiva y ordenada», escribió la jueza, nombrada a ese puesto por Trump.
Medios de prensa recuerdan que al menos un documento incautado se refiere a las capacidades nucleares de una nación extranjera.
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