En tanto, ahora se debate sobre la constitucionalidad de este proceso, con el fin de establecer si el caso contra el exmandatario está sujeto a la jurisdicción del Senado.
Al respecto, el fiscal principal del juicio político contra Trump, el legislador demócrata Jamie Raskin, declaró que las acciones del otrora gobernante incitaron a disturbios en el Capitolio y eso constituye un delito grave.
Después de reproducir en el Senado imágenes del caos desatado en el Congreso norteamericano el pasado 6 de enero, llamó la atención sobre la gravedad del hecho y la responsabilidad en esto del magnate, motivo por el cual enfrenta su segundo juicio político.
Trump quiere dejar al Senado impotente durante un período de transición presidencial, que es uno de los momentos más importantes y frágiles para el país, subrayó Raskin, quien es experto en derecho constitucional.
De hecho, el legislador expuso varios puntos para demostrar que un juicio político contra un presidente que dejó el cargo es constitucional, tema sobre el cual se debate ahora.
Bajo los preceptos de la Constitución, dijo, el presidente de Estados Unidos tiene prohibido cometer delitos graves y faltas en cualquier momento en el que esté en el cargo.
Asimismo, recalcó, esa es una razón específica por la que existen poderes de acusación, condena y descalificación para protegernos de mandatarios que intentan invadir el poder del pueblo en sus elecciones y ‘reemplazar el imperio de la ley por el imperio de las turbas’.
Estos poderes deben aplicarse incluso si el presidente comete delitos en sus últimas semanas en el cargo, esos son momentos en los cuales resultan más necesarios, porque es entonces cuando las elecciones son atacadas, apuntó.
De acuerdo Raskin, profesor de Derecho Constitucional durante 30 años, no juzgar a Trump dejaría el precedente que de un mandatario podría violar la ley sin consecuencias cuando esté cerca de dejar el cargo.
Esto al amparo de que ya estaría fuera del poder en el momento del juicio político, dijo.
Trump enfrenta una acusación por incitar a la insurrección, tras un discurso pronunciado el 6 de enero ante miles de simpatizantes que irrumpieron poco después en el Capitolio, un incidente violento que provocó la muerte de cinco personas.
Los nueve legisladores demócratas de la Cámara de Representante que actuarán como fiscales esperan persuadir a los miembros del Senado para que condenen a Trump y le impidan volver a ocupar un cargo público.
El lunes, la defensa del expresidente pidió oficialmente a la Cámara Alta desestimar el juicio.
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