El detonante de la decisión fue la declaración de ilegalidad por el Tribunal Constitucional del estado de emergencia aprobado en el legislativo el pasado 31 de marzo para el enfrentamiento a la Covid-19.
‘Firmé un decreto de disolución del Parlamento. Con esta decisión allanamos el camino para que los ciudadanos puedan elegir un nuevo Parlamento. El poder está ahora en sus manos’, explicó la mandataria en una comparecencia televisiva.
El decreto parlamentario declarado ilegal establecía el estado de emergencia por 60 días -hasta el 30 de mayo, y mediante este se imponían cuarentenas, un régimen especial de entrada y salida del país, y la prohibición de numerosos eventos, así como la posibilidad de movilizar a los ciudadanos para realizar obras públicas o requisar bienes.
Dicha medida fue aprobada por 52 de los 101 diputados.
Sandu, quien asumió el cargo en diciembre pasado en sustitución de Igor Dodon, tomó esta decisión pocos minutos después de que el Tribunal Constitucional declarara fuera de la ley el estado de emergencia en el país.
El partido Acción y Solidaridad -de la jefa de Estado- apenas tiene 15 asambleístas, pero algunas encuestas le aseguran una mayoría absoluta de realizarse otros comicios, lo cual le permitiría impulsar medidas y leyes en el Parlamento moldavo.
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