Bernal desapareció el 11 de septiembre pasado, cuando fue a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, en la Escuela Superior de Policía, y las autoridades encontraron su cuerpo 10 días después, en el cerro Casitagua, al norte de Quito.
Desde el 23 de septiembre, Lasso le dio al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, “una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura” de Cáceres, quien aún está prófugo de la justicia.
Al respecto, este viernes, el ministro del Interior, Juan Zapata, consideró que no es momento de descabezar el mando institucional de la Policía, y aseguró que conversará el domingo con el mandatario sobre la permanencia de Salinas en el cargo.
Otra polémica en torno al caso de Bernal gira alrededor de la decisión del juez Germán Gallo, de la Unidad de Violencia Contra la Mujer, que falló contra el derrumbe del edificio denominado Castillo de Grayskull, donde tuvo lugar el asesinato de la abogada.
El presidente Lasso ordenó anteriormente la demolición del inmueble, como si de esa forma se resolviera la violencia de género, según manifestó la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, mientras la Fiscalía alegó la necesidad de mantener la edificación como evidencia.
El femicidio de Bernal conmovió al país y estremeció al gobierno, al que la sociedad civil le exige implementar cuanto antes políticas públicas para reducir el número de mujeres muertas en el país, que solo este 2022 ascienden a 207.
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