«Como integrantes de la comunidad académica colombiana, hemos dirigido al presidente (Joe) Biden, al secretario de Estado, y a la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (Nancy Pelosi)» una declaración con la petición, expresó Víctor Manuel Moncayo, exrector de la Universidad de Colombia.
En el texto señalan que «durante más de seis décadas, el singular proceso adelantado por el pueblo cubano para construir colectivamente una sociedad en la que impere la justicia social ha sido sometido a un persistente y agresivo bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos, con irreparables costos para el conjunto de la población».
El también profesor emérito de esa institución académica, precisó que «con independencia de las valoraciones que se tengan sobre la organización política y social de la sociedad cubana, y reconociendo la prevalencia en las relaciones internacionales de los principios de la soberanía y la autodeterminación, la ONU ha venido, desde 1992, rechazando esa injusta situación mediante sucesivas resoluciones».
Dichas resoluciones han sido aprobadas desde entonces “por la absoluta mayoría de los estados miembros y reclamando la finalización de esa decisión arbitraria”, añadió Manuel Moncayo por medio de un video colgado en YouTube
Este requerimiento se ha acompañado de las voces de partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales de la más variada naturaleza, agregó.
Recordó que, en enero de 2021, Cuba fue incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que de manera unilateral y arbitraria elabora Estados Unidos.
Con tal decisión, se intensificó aún más el bloqueo económico, acentuado ya en ese momento por las medidas adicionales contra Cuba tomadas por el gobierno de Donald Trump y se impuso la pretensión de cerrar cualquier posibilidad de acceso a recursos en el mercado financiero internacional, dijo.
De esa manera, profundizar lo que bien puede definirse como una guerra económica, cuyo propósito es generar condiciones para propiciar el descontento generalizado de la población.
«La situación señalada no ha tenido variación alguna con el gobierno de Joe Biden, pese a sus compromisos de campaña», remarcó.
Los intelectuales y académicos colombianos consideran que parte de los argumentos esgrimidos por Estados Unidos para incluir a Cuba en la espuria lista provinieron del gobierno de Iván Duque (2018-2022).
Detalló que Duque «sindicó al hermano país de albergar y dar protección en su territorio a los integrantes de la Delegación negociadora del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a sabiendas de que tal circunstancia se daba en razón de una petición expresa del Estado colombiano para que Cuba fungiera como Garante de las conversaciones que se adelantaban con esa guerrilla en La Habana».
Además, el exgobernante conocía de la existencia de protocolos ajustados al derecho internacional para el evento en que se produjera una ruptura de las conversaciones, como en efecto se produjo en enero de 2019, agregó.
«El actual gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, se ha distanciado de la postura del gobierno de Duque, ha reconocido la legitimidad de la Delegación negociadora del ELN, así como los protocolos pactados con esa guerrilla, y ha decidido reiniciar las conversaciones, como parte del propósito que ha definido como de búsqueda de la paz total», destacó.
La declaración de académicos e intelectuales resaltó que el gobierno de Cuba, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la paz de Colombia y ha expresado su disposición como garante del proceso con el ELN y ha ofrecido su territorio como sede alterna de las negociaciones.
De esa forma, da continuidad a una política de Estado que ya había mostrado sus frutos con el rol de Cuba como Garante del proceso que condujo a la firma del Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016, luego de las negociaciones en La Habana y en las que los Estados Unidos tuvieron el enviado especial Bernard Aronson, precisó.
«Considerando lo expuesto (…) resulta un absurdo que un país que es garante del proceso de paz (…) sea al mismo tiempo considerado como patrocinador del terrorismo internacional por el gobierno de Estados Unidos», subrayó.
En consecuencia, todos los firmantes reclaman que Cuba sea excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo y expresan su adhesión a las voces que en todo el planeta demandan la terminación del injusto bloqueo económico.
Entre los firmantes están también, Clemencia Bonilla, exrectora de la Universidad Autónoma de Colombia; Fernando Dejanon Rodríguez, exrector Nacional de la Universidad Libre.
Además, Jairo Estrada, profesor de la Universidad Nacional; Frank Molano Camargo, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional; Sergio de Zubiría Samper, Profesor Universidad del Bosque; Luis Bernardo Díaz, profesor Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, entre otras destacadas figuras de la academia y la intelectualidad de Colombia.
lam/otf
