De acuerdo con el diario The Hill, la medida de la corte fue anunciada en una breve orden, sin firma ni explicaciones.
El equipo legal del republicano hizo una presentación de emergencia ante esa instancia para revertir un fallo provisional a favor del Departamento de Justicia (DOJ) que eximía de la revisión a una parte neutral, conocida como maestro especial, del material hallado en la propiedad del magnate.
Entonces, el tribunal de apelaciones con sede en Atlanta permitió también a los agentes federales continuar el estudio de los archivos recuperados en la mansión del magnate, objeto de una investigación sobre presunto mal manejo de información gubernamental.
Los abogados de Trump, en documentos presentados la semana pasada, argumentaron que esa corte se equivocó al permitir que el DOJ apelara una medida que era de naturaleza procesal.
De acuerdo con el canal CNN, de ganar el expresidente esa batalla legal, podría haber abierto la puerta para que su equipo examinara los registros y argumentara que deberían estar fuera del alcance de los fiscales en un caso penal.
La decisión aleja a la corte de la contienda política, en un momento en el que los índices de aprobación del tribunal, de tendencia conservadora mayoritaria por seis a tres, cayeron a nuevos mínimos y figuras políticas, incluido el presidente Joe Biden, atacaron la legitimidad de la institución, enfatizó el medio.
El pasado 8 de agosto el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ejecutó una orden de registro a la residencia Mar-a-Lago, donde dijeron encontrar cerca de un centenar de documentos clasificados, incluidas las capacidades nucleares de otra nación.
En septiembre, la jueza de distrito Aileen Cannon, nombrada en 2020 por el republicano, accedió a la petición del expresidente de nombrar a un maestro especial para determinar si los materiales incautados excedían el alcance de la orden del FBI, o si contenían alguna información sujeta al privilegio abogado-cliente o ejecutivo.
De igual forma, ordenó a los agentes federales que suspendieran su revisión de los documentos, a lo cual el DOJ presentó una apelación y explicó que detener el curso de la indagación podría suponer riesgos para la seguridad nacional.
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