La ley, promulgada por el presidente Yoweri Museveni, propone penas de prisión de hasta 10 años en delitos relacionados con la transmisión de datos personales sin consentimiento y el intercambio de información.
Asimismo, aumenta las restricciones en base a una controvertida ley de 2011 que condena el “uso indebido de las redes sociales”.
En septiembre, el proyecto de legislación fue presentado por el Parlamento con la premisa de castigar a quienes se esconden detrás de las computadoras para lastimar a otros.
Sus defensores argumentaron, en ese momento, que «el disfrute del derecho a la privacidad se ve afectado por el abuso de las plataformas en línea y de las redes sociales a través del intercambio de información no solicitada, falsa, maliciosa, odiosa e injustificada”.
Mientras, varios opositores refutaron que sofocaría la libertad de expresión y el Comité para la Protección de los Periodistas instó en ese entonces a Museveni a vetar dicho proyecto, con el supuesto de que socavaría las libertades de prensa.
Esta nueva ley se suma a la aprobada en julio de 2021 que aumentó el impuesto del 12 por ciento a las tarifas de internet, una medida que, según algunos expertos, impide que muchos ciudadanos accedan a la red de redes.
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