Esta cifra representa la mayor alcanzada por la institución en los últimos cinco años, lo cual evidencia el esfuerzo y “dedicación exhaustiva” del Ministerio Público y otros órganos auxiliares del Estado para castigar este tipo de hecho lamentable, señaló el funcionario en rueda de prensa.
Detalló que desde 2017 y hasta la fecha fueron imputados por cometer abusos y violaciones a los derechos humanos mil 403 funcionarios y 60 colaboradores, para un total de mil 463 personas.
Saab indicó que los datos son de gran impacto y envergadura y de una fortaleza institucional incuestionable.
Estos, remarcó, revelan cómo el Estado venezolano, a través del Ministerio Público y del sistema de justicia “le da prioridad extrema”, a todos los casos en el que pudieran estar involucrados funcionarios policiales o militares en violaciones a derechos humanos.
Señaló que desde su asunción al cargo en agosto de 2017 se le dio a esta materia “un vuelco orgánico y estructural” que lo alejó de procedimientos anteriores cuando la mayoría de los casos “durmieron el sueño de lo justo”, archivos fiscales e investigaciones sin ningún tipo de diligencia, acotó.
Nosotros, dijo, hemos hecho un esfuerzo sin precedentes, inédito en el país para que no quede duda de que ningún funcionario policial o militar, en caso de cometer cualquier tipo de abuso, este Ministerio Público, como lo ha demostrado, actuará con todo el peso de la ley.
Destacó en ese sentido que los datos son elocuentes en el desmontaje de algunos organismos que son parte de la guerra jurídica para judicializar a gobiernos incómodos para los centros de poder.
El fiscal general manifestó, no obstante, la voluntad de proseguir con el “diálogo genuino y constructivo” con las instancias internacionales de los derechos humanos, tal y como se ha venido haciendo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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