Tras más de cuatro décadas de reclamos de justicia por el asesinato de los informadores, miembros de un equipo de televisión, María Arguello, jueza de primera instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, ordenó la aprehensión de los uniformados.
Al parecer el reloj de la impunidad que mantenía las muertes de Jan Cornelius Kuiper Joop, Koos Jacobus Andries Koster, Hans ter Laag y Joop Johannes Jan Willemsen sin ser resueltas se detuvo cuando la magistrada dictó la orden.
Los reclamos de justicia se escucharon año tras año y ahora el exministro de la Defensa, general José Guillermo García, y el exdirector de la Policía de Hacienda (PH), coronel Francisco Antonio Morán, principales acusados del crimen de lesa humanidad, deberán responder por sus actos.
El asesinato a sangre fría de los periodistas marcó la vida no solo de sus seres queridos, también de sus colegas, quienes evitaron que cayera en el olvido.
Otro de los presuntos culpables, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la cuarta brigada de infantería, también es requerido.
Fue cursada una orden de extradición pero como en muchos casos de criminales de la época, están protegidos y escondidos en Estados Unidos.
El exministro de la Defensa y el exjefe del Estado Mayor Conjunto son procesados por asesinato por omisión y el exdirector de la PH, y el excomandante de la cuarta brigada de infantería por ser autor mediato.
Los periodistas fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 por una patrulla que los emboscó en Santa Rita, Chalatenango, cuando se dirigían a una zona controlada por la guerrilla durante su cobertura periodística para la cadena IKON TV.
En esa fecha de 2022 familiares de los cuatro neerlandeses exigieron un juicio ágil y transparente y solicitaron al gobierno y a las Fuerzas Armadas que reconozcan este crimen y faciliten los archivos para esclarecer los hechos.
Este proceso enfrentó durante años muchos obstáculos, e incluso cuando el tribunal de Dulce Nombre de María comenzó la indagatoria en 1982 la jueza que lo investigaba fue amenazada y se refugió en Canadá.
También, en 1993 la causa fue archivada por la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes de guerra, pero en 2016 esa normativa fue declarada inconstitucional.
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