El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llevó este lunes a la Corte el nuevo paquete de interrogantes sobre las cuales la institución judicial tiene 20 días para manifestarse.
Una de ellas busca regular el destino de bienes decomisados, otra indaga sobre la tipificación del delito de extorsión por delincuencia organizada o “vacunas”, como popularmente le llaman aquí, y la tercera sugiere descuentos tributarios para quienes emplean a personas de 45 años o más.
De ser aprobados por la Corte, esos tres nuevos textos se sumarán a los ocho temas que ya recibieron el primer visto bueno y solo entonces el presidente Guillermo Lasso emitirá un decreto ejecutivo que convoque a la votación, con las preguntas definitivas.
Hasta ahora, los cuestionamientos aceptados tratan sobre el narcotráfico y la extradición de criminales dedicados a ese delito, medio ambiente, la elección de asambleístas y el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), entre otros.
Hace algunas semanas los asambleístas de la alianza Unión por la Esperanza presentaron un documento a la propia Corte Constitucional en el cual rechazaron la consulta por considerarla una cortina de humo que usa el Gobierno tras un año y medio de incompetencias a todo nivel.
Asimismo, calificaron el procedimiento de “tramposo e inconstitucional” y afirmaron que los problemas del país se resuelven con políticas públicas beneficiosas para la mayoría, no con una consulta “mañosa”.
El Ejecutivo espera realizar la consulta el 5 de febrero de 2023 junto a las elecciones seccionales y de integrantes del Cpccs, organismo que el propio Lasso pretende dejar sin parte de sus atribuciones mediante el referendo.
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