Con esta legislación, el TC será el órgano que asegurará la supremacía de la Constitución en todo el país y regulará en detalle las cuestiones de procedimiento relacionadas con el nombramiento de los jueces.
Entre las competencias del Tribunal Constitucional estará evaluar la legitimidad de las elecciones y la correspondencia de las leyes y los tratados internacionales con la Constitución, así como interpretar las normas constitucionales.
A solicitud de ciudadanos, el TC se pronunciará sobre la constitucionalidad de las normativas que afectan sus derechos y libertades, y también podrán acudir al nuevo organismo el fiscal general y el comisionado de Derechos Humanos.
Una vez aprobada por el Senado, la Ley del TC debe ser promulgada por el presidente.
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