Aunque el proyecto de ley 28 declara ilegal el derecho a la huelga, el Sindicato Canadiense de Empleados del Sector Público, CUPE por sus siglas en inglés, informó que sus afiliados suspenderán labores.
El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, y el titular de Educación, Stephen Lecce, están utilizando su draconiana prohibición de huelgas para recortar aún más y masivamente los salarios reales por medio de decretos arbitrarios, advirtieron miembros del gremio.
Se estima que más de 55 mil conserjes escolares, asistentes educativos, educadores de la primera infancia y personal administrativo participarán en la manifestación.
Los menos remunerados en el sector educativo, el personal de apoyo, están decididos a revertir los años de recortes salariales reales y garantizar un financiamiento mayor para un sistema educativo desangrado por décadas de austeridad, señalan medios digitales.
Según los reportes, los movilizados harán piquetes frente a las oficinas de los políticos de toda la provincia, con una importante manifestación prevista para la legislatura.
Por su parte, el Sindicato de Empleados de los Servicios Públicos de Ontario anunció la víspera que sus ocho mil trabajadores del sector de la educación también abandonarán sus labores este viernes en solidaridad con los de CUPE.
Para la presidenta del Sindicato de Empleados de los Servicios Públicos de Ontario, JP Hornick, “el proyecto de ley 28 no es solo un ataque a los derechos de negociación colectiva de los trabajadores de la educación, es un ataque a los derechos de todos los trabajadores».
Mientras que representantes de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles alertaron que, al imponer un contrato, prohibir las huelgas y eliminar una supervisión significativa, el gobierno de Ontario está violando el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación. El ministro Lecce afirmó que no negociará más a menos que el sindicato cancele su huelga y que el gobierno «no tiene otra opción» que seguir adelante con su legislación.
Los contratos de cuatro años que van a imponer en virtud de la Ley Manteniendo a los Niños en las Escuelas, incluirán un alza salarial anual máxima de tan solo 2,5 por ciento, cuando la inflación de la canasta básica supera el 10 por ciento.
Además, recortarían las licencias remuneradas por enfermedad y las disposiciones sobre seguridad laboral, así como fuertes multas si los trabajadores van a la huelga.
mv/dfm
