El legislador del Partido Liberal resultó electo la víspera como candidato de las coaliciones de gobierno Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, lo que permitió a la centro izquierda mantener el control del órgano legislativo.
Mirosevic se impuso con 77 votos frente al representante de la derecha, Miguel Ángel Calisto, quien alcanzó 73, en una contienda donde el oficialismo ganó también la primera y segunda vicepresidencia.
La elección de la directiva estuvo marcada por fuertes tensiones luego de que miembros de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente se opusieran al cumplimiento de un acuerdo pactado en marzo pasado, según el cual, la presidencia correspondía a Karol Cariola, del Partido Comunista, integrante de Apruebo Dignidad.
“Felicito el triunfo de las fuerzas oficialistas para presidir la mesa de la cámara de diputados, en especial a su presidente Vlado Mirosevic. Espero que su mandato permita avanzar en las transformaciones que Chile exige con urgencia”, escribió en su cuenta de Twitter el senador Daniel Núñez.
Un triunfo de la derecha complicaría aún más los planes del gobierno de hacer avanzar en el Congreso sus promesas de campaña, como la reforma tributaria y la de pensiones.
En sus primeras declaraciones, Mirosevic reconoció que hay aspectos en los que es difícil lograr acuerdos, como en la reforma previsional, donde unos están en contra y otros a favor de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Sin embargo, dijo, necesitamos dejar a un lado las peleas y lograr un acuerdo de izquierda a derecha sobre temas prioritarios para la población como el enfrentamiento a la inseguridad y el crimen organizado.
El flamante presidente de la cámara baja abogó por agilizar la agenda legislativa y examinar otros temas también importantes como la situación migratoria, el desempleo y el elevado costo de la vida.
Mirosevic permanecerá en el cargo por ocho meses, durante los cuales podría impulsar los programas del gobierno de Gabriel Boric, entre ellos la reforma fiscal que prevé mayores impuestos a las grandes empresas mineras y un gravamen a la riqueza para financiar programas sociales.
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