Según la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, lo ocurrido en el sector de Punta Gorda de la zona insular va contra la política de no represión que caracteriza al gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
“Una cosa es la independencia de poderes y otra el respeto de los derechos humanos, especialmente de los pueblos originarios que están protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del cual Honduras es signatario”, explicó Roque.
En un mensaje difundido en la red social Twitter, la mandataria de este país centroamericano expresó que no fue informada previo a ejecutar el desalojo.
“Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a los derechos humanos”, escribió Castro en su perfil oficial de la referida plataforma digital.
De acuerdo con el Canal Ocho, afiliado al gobierno, la comisión de investigación está integrada por representantes de la Secretaría de derechos humanos, defensa, seguridad, secretaría de desarrollo social, procuraduría general y el instituto de la propiedad.
En conferencia de prensa celebrada la víspera en la casa de gobierno, la titular de derechos humanos aseguró que llevan instrucciones precisas de la presidenta “para investigar estos hechos y deducir las responsabilidades pertinentes”.
La población garífuna aquí está conformada en 48 comunidades situadas a lo largo del litoral atlántico de Honduras.
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