Los asambleístas definieron un cronograma de comparecencias de ministros, académicos y representantes de la ciudadanía, quienes pretenden alertar sobre la reducción de fondos para áreas sociales.
El parlamentario oficialista Byron Maldonado recordó que el proyecto no puede ser modificado, solamente pueden hacer sugerencias.
La llamada Proforma 2023 tiene menos déficit fiscal y una inversión social
superior a los 15 mil millones de dólares, según el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, aunque algunos sectores advierten que ese valor es menor a lo asignado para este año.
La inversión pública de Ecuador registra actualmente uno de los niveles más bajos de los últimos años y lo ejecutado con fines sociales representa apenas el 18 por ciento de lo previsto para todo 2022.
Por otro lado, la propuesta de presupuesto destina una suma considerable a la seguridad, para “aumentar las filas de la policía”, declaró Arosemena sobre ese asunto, que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.
Según el Ejecutivo, la propuesta económica cumple con las normas constitucionales de incremento del 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para salud y educación, con un fondo de más de mil 223 millones de dólares.
A partir de una previsión de la producción petrolera de 514 mil barriles por día, el documento pronostica un crecimiento del 3,1 por ciento del PIB respecto a 2022.
En el proyecto, los ingresos están basados en un precio promedio del barril de crudo para la exportación de 65 dólares y una inflación de 2,55 por ciento.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Asamblea Nacional tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Proforma del Presupuesto.
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