En una comparecencia este lunes ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional (parlamento), el especialista alertó que eso puede acarrear problemas en el desarrollo futuro de esas áreas, esenciales para el país.
De acuerdo con Camino, la llamada Proforma 2023 registra una disminución de cuatro mil millones de dólares en inversión.
Igualmente, solicitó a los legisladores un análisis profundo del precio de barril de petróleo declarado en el documento presentado por el gobierno, estimado en 64,8 dólares, lo cual en su opinión es muy conservador, pues algunas estimaciones lo ubican en los 85 dólares.
La presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño, del movimiento Pachakutik, manifestó que el excedente por la venta de crudo debería ir a inversión social y no al pago de la deuda externa, y en ese sentido sugirió realizar las reformas legales correspondientes.
Otras alertas llegaron por parte de Juan Quiñónez, en representación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), quien consideró los recursos asignados a educación insuficientes para garantizar los derechos de los menores.
A su vez, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, recordó que del 2019 al 2021 se redujeron los recursos para la enseñanza pública y solicitó a la Comisión fiscalizar el presupuesto de 2022, el cual cuenta con bajos niveles de ejecución.
La Proforma 2023, con un monto total de 31 mil millones de dólares, tiene menos déficit fiscal y una inversión social superior a los 15 mil millones de dólares, aseguró recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quien comparecerá el miércoles ante los asambleístas.
A diferencia de lo que manifiestan representantes de sectores sociales y expertos, el ejecutivo asegura que la propuesta cumple con las normas constitucionales de incremento del 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para salud y educación, con un fondo de mil 223 millones de dólares.
Ante esas opiniones encontradas, los asambleístas continuarán esta semana el análisis del proyecto y convocaron, además de a Arosemena, a los titulares de Educación y Salud.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Asamblea tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Proforma del Presupuesto del próximo año.
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