En rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo), la vicemandataria rechazó la estrategia empleada en plataformas comunicacionales para influir en la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual mantiene un examen preliminar contra el Estado venezolano.
Al respecto, la dignataria explicó que se construyó un caso contra Venezuela a partir de la propagación de informaciones sin sustento convertidas en hechos.
Rodríguez expuso un estudio elaborado por expertos independientes, mediante el análisis de 70 millones de publicaciones en Twitter, el cual arrojó el empleo de mecanismos fraudulentos para amplificar esas opiniones e imponer tendencias contra la nación y sus instituciones.
En tal sentido, denunció las pretensiones de influir en la toma de decisiones de la CPI, en una operación mediática ‘muy grave’, al contar con la complicidad de actores políticos de diversos gobiernos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Ministerio Público de Venezuela remitió la víspera un documento a la Corte Penal Internacional con el fin de acreditar el uso fraudulento de las redes sociales contra la nación sudamericana.
En el informe se expuso el empleo de programas informáticos (bots) que lanzan mensajes falsos, con el objetivo de crear tendencias adversas al Estado venezolano y personalidades señaladas como presuntos responsables de hechos denunciados ante la CPI.
‘Los compromisos en derechos humanos los dicta el sistema de justicia y no bots mercenariamente pagados’, indicó al respecto el fiscal general, Tarek William Saab, quien advirtió sobre las intenciones de ‘influir indecorosamente en la Fiscalía’ del órgano judicial.
Agregó que en el dictamen se realizó un pormenorizado análisis de más de 70 millones de mensajes en Twitter, con una clara intención de construir la apariencia de unos supuestos delitos de lesa humanidad en la nación sudamericana.
El 30 de abril último el Ministerio Público de Venezuela envió un tercer informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre las actuaciones del Estado en defensa de los derechos humanos.
En rueda de prensa, Saab señaló la falta de correspondencia en el tratamiento formal e institucional de cooperación que transmitió una representación oficial del país el 4 de noviembre último en una reunión sostenida con el organismo judicial.
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