En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional destacó que continuará procesando a las personas de acuerdo con la disposición de salud pública e impedirá el acceso a este país a los adultos solteros y las unidades familiares detectados.
“La frontera está cerrada y continuaremos aplicando plenamente nuestras leyes de inmigración”, acota el texto.
El Título 42, política heredada del mandato de Donald Trump (2017-2021), permite expulsar rápidamente a los indocumentados detectados en la frontera entre México y Estados Unidos con el pretexto de la pandemia de Covid-19, sin darles oportunidad de asilo.
La víspera, el juez de distrito Emmet Sullivan ordenó a la administración de Joe Biden anular las restricciones y calificó a la medida de “arbitraria y caprichosa”.
De inmediato el Departamento de Justicia solicitó al magistrado permitir que su sentencia entre en vigor el 21 de diciembre, con lo cual los demandantes estuvieron de acuerdo, precisó el diario Los Angeles Times.
El fallo parece entrar en conflicto con el emitido en mayo por un juez federal en Luisiana, quien ordenó que mantener las prohibiciones, acotó el medio.
La regulación fue autorizada en virtud del Título 42 de una ley de 1944 que abarca la salud pública y entró en vigor en marzo de 2020.
Según reportes de prensa, la medida se ha ejercido de forma desigual por nacionalidad, y es aplicada principalmente a personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos.
El abogado Lee Gelernt consideró al reciente fallo “una enorme victoria para los solicitantes de asilo desesperados a quienes se les ha prohibido siquiera obtener una audiencia debido al uso indebido de las leyes públicas”.
Grupos defensores de los migrantes presionaron por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados querían mantener la medida cuando el Gobierno intentó retirarla en mayo.
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