Con 96 votos a favor y siete abstenciones (de la bancada oficialista), los legisladores aceptaron el informe que propone un juicio político contra el ex ministro del Interior Patricio Carrillo; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; y la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.
La comisión parlamentaria creada para investigar el asesinato de Bernal consideró que hubo incumplimientos de las obligaciones de esos funcionarios, con acciones y omisiones que llevaron a la vulneración de derechos humanos de la víctima, su madre e hijo.
De acuerdo con el documento, las entidades implicadas son la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad Nacional, el Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos.
Mientras los asambleístas debatían el asunto, Elizabeth Otavalo, la madre de la joven asesinada, y activistas contra la violencia de género acompañaron las discusiones desde la galería del plenario.
La legisladora Ana Herrera, de la bancada Unión por la Esperanza, expresó su solidaridad con las familias de todas las víctimas de femicidio y afirmó que mientras exista un Estado indolente, ellos no van a encontrar calma a su dolor.
Según los detalles divulgados, María Belén Bernal presuntamente fue asesinada dentro de la Escuela Superior de la Policía Nacional por su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien se encuentra prófugo de la justicia.
El homicidio sacó a la luz no solo los problemas en la formación de los uniformados y errores de procedimiento en las pesquisas, sino la realidad de la violencia de género en Ecuador, donde este año han muerto por esa causa 207 mujeres.
Un estudio de la Asociación Latinoamérica para el Desarrollo Alternativo indica que cada 28 horas una mujer en Ecuador es víctima de violencia.
Ante ese panorama, para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, activistas ecuatorianas organizan una movilización para exigir justicia, verdad y reparación.
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