A inicios de noviembre la Corte Nacional de Justicia desestimó la acusación contra el exvicemandatario y otros seis implicados en supuestas irregularidades de contratos para la extracción de petróleo en el campo Singue durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Con ese fallo el exvicegobernante puede solicitar la unificación de penas y acceder a la llamada prelibertad, pero eso depende ahora de una jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Quito, que no ha anunciado la fecha para analizar el recurso.
El abogado de Glas, Édison Loaiza, considera que ahora los jueces no podrán negar la nueva petición de unificación de penas y el otorgamiento del beneficio de prelibertad porque el acusado cumplió ya el tiempo de encarcelamiento previsto por la ley.
Loaiza solicitó en diferentes ocasiones la unificación de penas, sin embargo, esos pedidos fueron negados justamente porque la sentencia del caso Singue aún no estaba definida.
El antiguo vicegobernante se encuentra tras las rejas hace cinco años por supuestos delitos de asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho agravado en la causa conocida como Sobornos, por la cual también fue condenado en ausencia Correa.
A Glas le negaron dos habeas corpus, uno de ellos le permitió salir de la cárcel por varios días este año, pero la medida fue anulada ante la presión política y mediática.
Su defensa, otros juristas y activistas por los derechos humanos coinciden en que no existen pruebas para demostrar ninguno de los delitos por los cuales fue encausado.
Glas es considerado el símbolo más verídico del «lawfare» (persecución política) en Ecuador, donde el hostigamiento desatado por el gobierno de Lenín Moreno contra seguidores de las ideas de Correa, quien presidió el país en la llamada Década Ganada, obligó a muchos de ellos a exiliarse fuera del país.
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