Tras analizar el texto, el CAL decidió no calificarlo, por incumplir los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley.
En un boletín de prensa, el Parlamento aclaró que, de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución, los proyectos de ley presentados para su calificación deben establecer de forma suficiente la exposición de motivos.
Asimismo, requieren artículos definidos con claridad, que serían reformados con la nueva ley, requisito que no cumple la propuesta en mención.
Por otra parte, el CAL advirtió que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debe existir una adecuada enunciación de los articulados de un proyecto, aspecto que tampoco se ajusta a la propuesta calificada como económica urgente.
La normativa resulta tema de controversia en el país, pues muchos consideran que el objetivo final es privatizar el Banco Central de Ecuador (BCE).
Al respecto, el exministro de Finanzas Carlos de la Torre advirtió que la propuesta busca entregar el control del BCE y la política monetaria al sector privado, específicamente al bancario, para permitirle manejar el sistema de pagos y toda la conexión en el exterior con las reservas internacionales.
Similar opinión comparte el economista Andrés Arauz, candidato a presidente de la República, quien manifestó abierta oposición al proyecto legal.
‘No es admisible que se quiera privatizar la gobernanza del Banco Central, para que los banqueros puedan seguir en el ejercicio del poder, independientemente de la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano’, expresó Arauz en rueda de prensa.
Por el momento corresponderá al Ejecutivo realizar los cambios pertinentes y volver a remitir la regulación al órgano legislativo.
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