Los galenos, fundamentalmente extranjeros, ofrecían los certificados de salud a través de internet y de las redes sociales, sin ni siquiera examinar a los pacientes.
Según las autoridades, las emisiones de licencias superan las mil 500 anuales.
Este es el fraude de su tipo más grande identificado a lo largo de la historia en el país, aseguró la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
Declaró Tohá que lo más grave es la extracción de recursos del presupuesto destinado a financiar servicios requeridos por la población.
“Esto no es un robo que le hace un particular a otro, esto es un robo a todos los chilenos y chilenas”, dijo.
La ministra expresó la determinación del Gobierno de perseguir no solamente a quienes emitieron las licencias, sino también a quienes las compraron.
Al ofrecer detalles sobre el modus operandi de esta red, el director de la Policía De Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, afirmó que esta es una organización con una estructura, donde había captadores y gente que representaba legalmente a las clínicas en las cuales operaban.
“Se trata de una organización criminal, hoy día no tan violenta, no con mucho armamento, pero sí que está otorgando un perjuicio económico al patrimonio fiscal”, señaló.
Luego de seis meses de investigaciones, la PDI descubrió que los médicos usaban documentación verdadera, pero sobre diagnósticos falsos o solicitados por vía de la telemedicina.
Los implicados en este escándalo serán imputados por varios delitos, entre ellos asociación ilícita y emisión fraudulenta de licencias.
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