En una declaración, publicada en el sitio web de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), el grupo pidió también al legislativo cumplir como representante del pueblo y lo exhortó a deslindarse de la política de fuerza asumida por la administración de Yoon Suk Yeol para intentar detener la huelga nacional de transportistas de cargas por mejoras salariales, la cual cumplió este jueves su decimoquinto día.
Precisamente en la jornada el gobierno aprobó una segunda normativa para obligar el regreso al trabajo a los huelguistas que exigen la extensión de un sistema de tarifas que les da acceso a un salario básico en medio de la crisis económica que vive el país asiático.
Asimismo, la sede de Ulsan de la Confederación Coreana de Sindicatos y grupos cívicos denunciaron como secuestro el arresto de funcionarios sindicales del sector de la metalurgia luego de una conferencia de prensa sobre el paro nacional.
Al respecto, los sindicatos criticaron en la declaración la respuesta gubernamental para manejar la situación y el intento de las autoridades de criminalizar la protesta incluso ante la Organización Internacional del Trabajo.
Explicaron que los empleados en régimen especial entre los que se encuentran maestros a domicilio, enfermeros, así como trabajadores por cuenta propia, de los sectores de la construcción y las cargas, carecen de salario mínimo, un régimen de horario establecido, vacaciones legales y anuales o el derecho de indemnización por despido, por no estar incluidos en las legislaciones que rigen el sector en Surcorea.
Tampoco cuentan con la posibilidad de asociación sindical o el derecho a negociar para exigir mejoras en caso de relaciones contractuales desiguales, puntualizaron.
Sin un marco legal que los apoye estos obreros sufren de manera frecuente violaciones como salarios bajos, despido unilateral por las corporaciones, y dentro de las largas jornadas a las que son sometidos son más propensos a accidentes y al contagio de enfermedades como la pandemia de la Covid-19, señalaron.
Cada día crece el número de empresas que utilizan la modalidad de autónomas permitida por el gobierno para destruir el convenio laboral existente y asumir uno nuevo que les permita eludir la responsabilidad con los trabajadores, denunciaron .
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