El asesinato de cuatro periodistas de Países Bajos el 17 de marzo de 1982, el de los sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989, fueron hechos brutales cometidos por un ejército entrenado por Estados Unidos, país, que según el presidente Nayib Bukele, invertía un millón de dólares diarios en financiar la guerra contra el pueblo.
Pero, sin dudas, la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, como hoy se recuerda, fue la máxima expresión de todos los horrores que sufrió El Salvador.
Fueron asesinadas al menos 986 personas, 552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas y ancianos. Fue un orgía de sangre que se extendió del 10 al 12 de diciembre de 1981, y aún el silencio es cómplice de la impunidad.
Bajo la dirección del tristemente célebre coronel Domingo Monterrosa, un polémico militar, los soldados asesinaron niños, violaron mujeres, quemaron cuerpos y cometieron las más grandes atrocidades que recuerda el país.
Sin embargo, a 42 años de la tragedia, no se abren los expedientes de esos hechos pese a que familiares de las víctimas no quieren que se hable de reparaciones sino que se haga justicia y el gobierno abra los archivos donde se guarda desde hace años la información condenatoria.
Una sobreviviente de la tragedia, Rosario López, cuenta que perdió a 24 familiares en un solo día y desde un escondite en la montana junto a familiares más cercanos escucho “los gritos y ráfagas secas de disparos. Un humo denso con olor a carne quemada cubrió el cielo en la noche, según recuerda.
«Quemaron todito, todito. Mataron hasta los cerdos, el ganado, las bestias, no quedó nada», rememoró años después mientras espera que se abra paso la justicia.
El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles perdieron a la mayoría de sus pobladores cuando del 10 al 12 de diciembre de 1981, miles de soldados lanzaron la llamada Operación Rescate contra el naciente movimiento guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Los estimados de los muertos y desaparecidos son variables pero los más cercanos a la verdad indican que fueron cerca de mil, la mayoría niños, y aun faltan por identificar muchas víctimas.
Muchos cayeron bajo las balas del denominado Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, un comando entrenado en Estados Unidos, que arrasó con aldeas y pobladores, y que fue entrenado por asesores estadounidenses.
Según organizaciones de derechos humanos lo sucedido en 1981 fue parte de una «política de exterminio» de las fuerzas armadas contra las poblaciones rurales, a las que identificaban como retaguardia de las guerrillas.
Pese a que el gobierno de Mauricio Funes reconoció la masacre en 2012, aun muchos culpables viven en total impunidad.
También habría que buscar a los culpables en Estados Unidos pues la Casa Blanca ocupada por el presidente Ronald Reagan invertía una suma millonaria en la guerra en pertrechos militares, adiestramiento, alimentación, colaboración de asesores o la formación de los batallones que practicaron el genocidio.
En esa época el entonces subsecretario de Estado para los Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, Elliott Abrams, descartó las denuncias como «propaganda comunista” e informaba al Congreso que se daban pasos «fabulosos» en pro de la democracia.
Este personaje que aun está en la política estuvo al tanto de la tragedia y ocultó la información al Congreso.
A 41 años, el silencio sigue siendo el principal cómplice de la impunidad.
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