De acuerdo con un parte del Consejo de ministros, divulgado por el diario Corriere della Sera, se prevé que durante una sesión de ese órgano gubernamental, prevista en horas de la tarde de este miércoles, se debata un proyecto en tal sentido, que será presentado por el titular del Interior, Marcello Piantedosi.
Las nuevas normas establecen «sanciones más efectivas que las vigentes, que han sido debilitadas por los legisladores hasta el punto de que la visita de un médico a bordo es suficiente para anular la acción del Gobierno», indicó el ministro en declaraciones publicadas por ese diario.
El proyecto establece que las organizaciones humanitarias podrán realizar un único rescate, informando inmediatamente a las autoridades y pidiendo el desembarco de esas personas en un puerto seguro, a la vez que estarán prohibidos los transbordos de un buque a otro.
Habrá que preguntar a los migrantes a bordo si pretenden solicitar protección internacional, para que el país de abanderamiento del barco se haga cargo de esa petición.
Se prevén, para quienes violen tales disposiciones diversas sanciones, incluidas multas de hasta 50 mil euros, así como la suspensión de actividades por 20 días e incluso embargos de los buques, precisa la fuente.
Piantedosi adelantó recientemente, en una entrevista publicada por el diario Il Giornale, el propósito del Gobierno italiano de tomar medidas para “enfrentar el flujo migratorio ilegal y defender nuestras fronteras”, ya que “la situación actual no es sostenible para nuestro país”.
En tal sentido, apuntó que “nuestras propuestas son claras: mayor implicación de la Unión Europea, acuerdos con las naciones de origen y tránsito de los migrantes, así como el refuerzo en el control de los canales regulares de entrada”.
El pasado 11 de noviembre el barco humanitario Ocean Viking, de la organización humanitaria SOS Mediterranée, atracó con 231 inmigrantes a bordo en el puerto militar francés de Tolón, en el sur de Francia, tras 20 días de esperar en el mar Mediterráneo la autorización de las autoridades italianas para desembarcar los mismos en un puerto seguro.
A partir de este hecho se desató un enfrentamiento entre ambos gobiernos, sobre lo cual la ministra de Relaciones Exteriores gala, Catherine Colonna, manifestó que “es una decepción muy fuerte, Italia no respeta el derecho internacional ni el marítimo”.
A poco más de un mes de ese hecho, el martes último, las autoridades de este país autorizaron a ese buque desembarcar, en la nororiental ciudad puerto de Ravena, el 31 de diciembre próximo, a 113 migrantes, entre ellos 23 mujeres, algunas embarazadas, así como 30 menores sin compañía y tres recién nacidos, uno de ellos con solo tres semanas.
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